La creación de un extenso parque verde en el istmo de Las Palmas de Gran Canaria, alrededor del muelle Sanapú, ha desencadenado un conflicto entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Este enfrentamiento amenaza con retrasar un proyecto planificado desde hace más de una década. El desacuerdo se intensificó después de que el Consistorio anunciara su intención de paralizar el traslado de las naves del Programa Mundial de Alimentos y la Cruz Roja, necesario para liberar el terreno destinado al parque, tras la divulgación de infografías por parte de la Autoridad Portuaria durante la feria Fimar.
Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, acusó a la Autoridad Portuaria de romper un acuerdo inicial alcanzado hace dos años, transformando el proyecto en una iniciativa unilateral que, según ella, ignora las verdaderas necesidades de la ciudadanía y las actuaciones previstas para la zona.
Por su parte, Beatriz Calzada, presidenta de la Autoridad Portuaria, respondió mostrando su sorpresa ante las acusaciones de Darias, negando haber presentado un proyecto oficial y defendiendo que las infografías solo representan una idea consensuada previamente. Calzada criticó la precipitación de la alcaldesa y advirtió que la decisión podría comprometer proyectos significativos como el traslado de las naves humanitarias.
El traslado de estas naves, que actualmente ocupan el espacio central donde se planea el parque, es un proyecto que se contempla desde hace más de una década. A pesar de haber recibido recientemente el visto bueno de Urbanismo, enfrenta múltiples retrasos y dificultades logísticas, con un coste estimado de unos diez millones de euros.
Además del conflicto por el traslado de las naves, las diferencias entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria incluyen la ubicación del museo naval o del puerto. Mientras el Ayuntamiento propone ampliar las instalaciones actuales, la Autoridad Portuaria defiende ubicarlo cerca del acuario y la Fundación Puertos de Las Palmas.
Otro punto de discordia son las bolsas de aparcamiento. El Ayuntamiento gestiona un estacionamiento en concesión junto a la pasarela Onda Atlántica, cuya concesión expirará pronto y el Puerto no planea renovarla. Beatriz Calzada sugiere aumentar la capacidad del aparcamiento modular y promover el acceso peatonal y en bicicleta.
Finalmente, el Ayuntamiento expresó preocupación por los vertidos en el mar y la limpieza urbana. Calzada aseguró que los vertidos del Puerto no ponen en riesgo la salud humana ni la biodiversidad, y señaló que la alcaldesa debería centrarse en mejorar la limpieza de otras áreas de la ciudad que no son competencia portuaria.
Este conflicto entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria evidencia los desafíos para llegar a un consenso en un proyecto de gran envergadura que afecta tanto al desarrollo urbano como a la gestión portuaria de Las Palmas de Gran Canaria.
Otro lamentable espectáculo de la casta política que nos toca sufrir