La normativa vigente en España garantiza el derecho de cualquier consumidor a pagar en efectivo en los comercios, siempre dentro de los límites legales establecidos. Negarse a aceptar un pago en metálico sin una justificación válida constituye una infracción que puede derivar en sanciones económicas que van desde los 100 hasta los 10.000 euros, e incluso superiores en caso de que se obtenga un beneficio ilícito.
La ley establece que no se pueden realizar pagos en efectivo superiores a 1.000 euros cuando una de las partes actúa como empresario o profesional. En el caso de personas físicas no residentes en el país, la cantidad máxima permitida asciende a 10.000 euros.
Expertos recuerdan que obligar al cliente a pagar únicamente con tarjeta, sin respetar la posibilidad del abono en efectivo, puede considerarse una práctica abusiva. Esta situación, cada vez más común en algunos establecimientos, ha generado debate público y reclamaciones por parte de los usuarios que exigen el cumplimiento de la normativa.
El efectivo sigue siendo un medio de pago legal y de curso obligatorio, por lo que los comercios deben garantizar su aceptación, salvo en los casos expresamente limitados por la ley.
