La estabilización de más de 600 trabajadores del Ayuntamiento de Las Palmas se encuentra en una situación de incertidumbre debido a dos sentencias contradictorias. La reciente decisión de la Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anuló la Oferta de Empleo Público (OPE) de mayo de 2022, que pretendía convertir en funcionarios a trabajadores «laborales indefinidos no fijos y temporales». La sentencia sostiene que estas plazas deben ser ofertadas conforme a la naturaleza del vínculo actual. Sin embargo, una sentencia anterior del mismo tribunal había respaldado la legalidad de la oferta.
El conflicto surge por la intención del Ayuntamiento de estabilizar su plantilla, siguiendo un mandato de la Unión Europea de reducir al 8% la temporalidad en España. A pesar de la oposición de algunos sindicatos, la oferta extraordinaria de empleo público se presentó en mayo de 2022. La sentencia actual afecta a 644 plazas ocupadas por personal laboral indefinido no fijo o temporal de larga duración.
Diversos sindicatos señalan que, en años anteriores, el personal laboral ocupaba plazas destinadas a funcionarios de carrera, pero carecían de condiciones similares. Aunque los empleados afectados no perderán sus puestos de trabajo, podrían estar sujetos a condiciones diferentes en el futuro. La última sentencia del TSJC ha devuelto la «seguridad jurídica», según el sindicato CSIF, mientras que otros sindicatos critican la eliminación de plazas vacantes ofertadas inicialmente.
El fallo del TSJC establece que la estabilización debe realizarse con el vínculo actual y, una vez estabilizado, podrían llevarse a cabo procesos de funcionarización si corresponde. La sentencia destaca que no es posible una transformación automática de una relación laboral en una estatutaria o funcionarial y subraya la necesidad de procesos selectivos que garanticen los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
