El empresario Rayco González, administrador único de la empresa RR7 United SL, que vendió un millón de mascarillas falsas al Servicio Canario de la Salud (SCS) por 4 millones de euros, se ha negado a declarar ante la comisión de investigación del Parlamento de Canarias. Con esta decisión, se suma a la lista de comparecientes que han optado por acogerse a su derecho a no testificar.
Desde el inicio de la comisión, solo han respondido a las preguntas los miembros del comité de expertos creado durante la pandemia, Lluís Serra y Beatriz González López-Valcárcel, junto a Óscar Trujillo, fundador de One Airways, y Carlos Sánchez Muñoz, representante de la empresa ACJ, una de las principales suministradoras de material sanitario al SCS.
Durante su comparecencia, González se negó a utilizar su tiempo de intervención y evitó contestar la mayoría de las preguntas, excepto algunas formuladas por el portavoz de Vox, Nicasio Galván, a las que respondió asintiendo o negando con la cabeza. En una ocasión, rompió su silencio para aclarar que desconocía el contacto en el SCS de Lucas Cruz, otro intermediario investigado en el caso, quien le dijo la famosa frase: «Vamos a forrarnos, hermano». También explicó que una entidad bancaria le exigió retirar el dinero que tenía pendiente en su cuenta.
Por otro lado, Clara Pérez Cabrera, administradora de Titerro International SL, empresa que suministró 200.000 batas quirúrgicas al SCS por 1,9 millones de euros, declaró que la compañía ofreció su experiencia de 24 años en China, a pesar de no tener antecedentes en el ámbito sanitario en España. Explicó que varias empresas recurrieron a ella para obtener material sanitario durante la crisis de la covid-19, lo que la llevó a contactar con el SCS, siendo recibida por Conrado Domínguez en la sede de Las Palmas.
