Francisco González, un tinerfeño con su madre internada en la Residencia de la Tercera Edad Acorán en Santa Cruz, ha denunciado públicamente las «inhumanas restricciones» que enfrenta para visitar a su madre de 87 años.
Desde el fin de la pandemia de COVID-19, la dirección del centro ha establecido que las familias solo pueden visitar a sus seres queridos durante dos días a la semana, con un límite de 45 minutos por visita. Esto se traduce en una hora y media de contacto a la semana. Además, fuera de esos horarios, deben salir del edificio y atender a sus familiares en la calle, a pesar de que el centro cuenta con terrazas y jardines acondicionados.
González lamenta que solo se permita la entrada de dos familiares por usuario, lo que significa que otros adultos o niños deben esperar fuera hasta que uno de ellos salga para intercambiarse. Él ha notado un retroceso en la atención que se brinda en la residencia, donde antes podía visitar a su madre casi a diario y sin restricciones en la duración de las visitas. Ahora, no tiene acceso a su habitación y no puede supervisar su estado.
«Pensé que estas restricciones serían temporales, pero ya llevamos cuatro años así», expresó González, quien también afirmó que muchas familias solo han visto la residencia a través de fotos, sin la oportunidad de ingresar.
González denuncia el trato que reciben las familias:
- Deben salir a la calle para visitar a sus seres queridos.
- La residencia no proporciona productos de higiene, obligando a las familias a llevar artículos como champú y gel.
- La plantilla de auxiliares es insuficiente, con solo 10 o 12 empleados para atender a 40 residentes.
- Además, el servicio de lavandería presenta problemas, con prendas perdidas o dañadas.
González, que ha estado visitando a su madre durante más de 20 años, ha observado un deterioro en la calidad de atención desde que la residencia pasó a ser gestionada por la actual empresa. «Parece que se prioriza el beneficio económico sobre el bienestar de los usuarios», indicó.
A pesar de las quejas de varias familias, muchas no se atreven a reclamar por temor a represalias, dada la escasez de plazas residenciales en Tenerife. González enfatiza que las restricciones son inaceptables, ya que deberían poder usar los espacios del centro en lugar de ser obligados a salir al exterior.
La respuesta institucional:
El Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife (IASS) señaló que no hay normativa específica que regule los días y horarios de visita en estos centros, dejando en manos de la dirección del centro la gestión de estas restricciones. La Consejería de Bienestar Social afirmó que las limitaciones impuestas durante la pandemia fueron levantadas, y que tales restricciones no son lo habitual.
Emma Colao, directora del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias, destacó que esta situación es común en varios centros. La falta de transparencia en la atención y las condiciones en las que se encuentran los residentes generan inquietud entre las familias, que desean supervisar el bienestar de sus seres queridos.
El Defensor del Pueblo ha instado a las residencias a respetar la autonomía de los usuarios y eliminar prácticas que restrinjan sus derechos fundamentales, abogando por un modelo de atención más centrado en las personas.
