El Gobierno central ha impugnado siete disposiciones de la Ley de Presupuestos de Canarias para 2025, al considerar que podrían ser inconstitucionales. Actualmente, se están llevando a cabo negociaciones en la comisión bilateral Canarias-Estado para evitar que el conflicto llegue al Tribunal Constitucional.
Las disposiciones impugnadas incluyen tres artículos (37, 41 y 58), una disposición adicional y tres disposiciones finales. La mayoría de ellas están relacionadas con las retribuciones del personal público de la Administración autonómica y del Servicio Canario de Salud (SCS). También se cuestionan aspectos sobre las concesiones de puertos deportivos y las deducciones fiscales en el tramo autonómico del IRPF.
El artículo 37 aborda las retribuciones del personal laboral del sector público, el 41 se refiere a las remuneraciones del personal del SCS y el 58 trata sobre la compensación por horas y servicios extraordinarios de los empleados públicos, incluyendo a la Policía Canaria. Además, se impugnan disposiciones que modifican la Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias para regular los salarios de gerentes y directivos del SCS, buscando equipararlos con los del sector privado, y otras que afectan a la carrera profesional del personal del SCS.
El Ejecutivo estatal argumenta que estas medidas podrían exceder las competencias autonómicas y afectar principios constitucionales, como la igualdad y la unidad del sistema fiscal. Por ello, se ha activado el procedimiento de diálogo previsto en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que evite una confrontación judicial.
