El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha propuesto que la semana que viene se reforme la ley de extranjería mediante un real decreto, pero el Gobierno insiste en que es necesario que Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, se comprometa a apoyar la medida. En medio de la creciente presión por la llegada de cayucos a Canarias y con los centros de menores migrantes en el archipiélago y Ceuta al borde del colapso debido a la falta de cooperación del PP, Pedro Sánchez y Clavijo se reúnen este viernes en La Palma.
Tras el fracaso en el Congreso de la reforma de la ley de extranjería el 22 de julio, cuando PP, Vox y Junts votaron en contra de la iniciativa, el Gobierno asegura que no pretende quedarse de brazos cruzados ante la crisis en las islas y en Ceuta, afectando a un grupo vulnerable. Sin embargo, desde Moncloa subrayan la necesidad de que el PP se sume al acuerdo, especialmente tras el endurecimiento de su discurso contra la inmigración, llegando a proponer que la Armada bloquee las embarcaciones en origen.
Dado que el PP gobierna en 11 de las 15 autonomías, su apoyo es esencial para que la distribución de menores migrantes entre territorios se materialice. Sin embargo, los socialistas ven la reunión entre Sánchez y Clavijo como una oportunidad para cambiar esta dinámica. Clavijo, que gobierna Canarias en coalición con el PP, propone un decreto ley que establezca la distribución obligatoria de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas, y espera que sea aprobado en el próximo Consejo de Ministros, el martes de la semana que viene.
Ese mismo día, Sánchez viajará a Mauritania, Senegal y Gambia, en un contexto de aumento de desplazamientos irregulares hacia Canarias. Hasta la fecha, el número de entradas irregulares en España ha aumentado un 66% respecto al mismo periodo en 2023.
Clavijo ha resaltado la responsabilidad compartida entre las comunidades autónomas y el Estado, señalando la necesidad urgente de una modificación legal, ya que el problema no solo afecta a Canarias, sino también a Ceuta y Alicante. Actualmente, Canarias alberga a 5.200 menores migrantes, aunque solo tiene capacidad para 2.000.
El real decreto propuesto incluiría la reforma de la ley de extranjería rechazada en julio, que estipula que, cuando los sistemas de acogida de Canarias, Ceuta y Melilla superen el 150% de su capacidad, se deberá proceder al reparto obligatorio de menores migrantes entre territorios. No obstante, el PP ha mostrado reticencias a respaldar la medida, especialmente después de que Vox rompiera coaliciones en varias autonomías por un acuerdo del PP con el PSOE en este tema.
Para los socialistas, la postura del PP muestra una falta de empatía hacia un colectivo tan vulnerable. Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, criticó duramente al PP por votar en contra de una propuesta destinada a acoger a niños que huyen de sus países en busca de una vida mejor.
