El Auditorio de Calatrava en Tenerife, cuyo costo ascendió a 74 millones de euros, se encuentra en un estado de deterioro avanzado, incluso con cinta americana visible en su fachada. El consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, admite la impotencia de la administración mientras se espera una decisión judicial sobre si la restauración, estimada hace siete años en 2,6 millones de euros, debe ser financiada por el arquitecto Santiago Calatrava o por las constructoras de la UTE.
La historia se repite, pero eso no sirve de consuelo. No cuando una obra pública triplica su costo inicial, se retrasa durante años y, a pesar de su relevancia internacional, deja una sensación de despilfarro y desidia. Este es el caso del Auditorio de Tenerife Adán Martín, una obra emblemática de Calatrava que, aunque es un referente cultural, ofrece una imagen poco edificante con desperfectos visibles que no corresponden a los 74 millones de euros invertidos (12 millones para el arquitecto). Estas deficiencias resultan un insulto para la inversión realizada.
Inicialmente presupuestado en 26,7 millones de euros, el costo final de 74 millones no justifica las imágenes que cualquier persona puede captar con un móvil al acercarse al auditorio. Desde hace años, la cubierta de trencadís, compuesta de pequeños fragmentos de cerámica blanca, presenta desprendimientos, humedades interiores y reparaciones provisionales con cinta aislante, lo que da una impresión muy pobre del edificio.
El Cabildo de Tenerife se encuentra impotente ante esta situación, ya que la reparación de estos defectos está judicializada entre Calatrava y las constructoras de la UTE responsable de la obra (Dragados, Acciona y Promotora Punta Larga). Calatrava se ha desentendido de la dirección y ejecución de la obra, lo que ha llevado a una disputa legal que ha paralizado las reparaciones necesarias.
José Carlos Acha lamenta la falta de resolución de esta situación mientras el deterioro se agrava y la imagen del auditorio se sigue perjudicando. Sin embargo, aclara que los informes periódicos sobre la estructura indican que, por ahora, no hay riesgo para la seguridad, lo que permite mantener las actividades y la programación cultural en el auditorio, un espacio emblemático situado junto al puerto de Santa Cruz, el castillo Negro, el parque marítimo y el Palmetum.
El Cabildo, que en 2016 reclamó a Calatrava la reparación de las zonas deterioradas, no puede actuar mientras la situación esté judicializada. Calatrava y sus colaboradores argumentan que la responsabilidad recae en las constructoras. Este no es el primer problema de este tipo para Calatrava, ya que también enfrentó problemas similares con el Palau de Les Arts de Valencia.
El informe de Intemac de hace ocho años recomendaba sustituir todo el trencadís levantado o caído para evitar que el agua se filtre y agrave los daños, pero no se ha hecho nada y la situación ha empeorado. La creación del auditorio se ideó en 1991 bajo la presidencia de Adán Martín (CC), pero los constantes sobrecostes se respaldaron durante la gestión de Ricardo Melchior (CC), y fue con Carlos Alonso (CC) cuando se pidió a Calatrava responsabilidades por las deficiencias detectadas.
Tras varios retrasos, el auditorio se adjudicó en 1997 por 26,7 millones de euros, pero cambios en el proyecto y reubicaciones incrementaron el costo a 74 millones para su inauguración en 2003. Años después, la falta de mantenimiento y las disputas legales han dejado al auditorio en un estado lamentable, reflejado en las imágenes que acompañan a esta noticia.
