La Demarcación de Costas del Estado ha emitido una orden de demolición para el kiosco ubicado en el mirador del Risco Partido, en Garachico, por encontrarse en zona de dominio público marítimo-terrestre. Esta área es la franja costera hasta donde puede llegar el mar en marea alta, una situación que el actual Ayuntamiento desconocía hasta la recepción de un informe estatal, según explicó el alcalde, José Heriberto González. Tras el fin de la concesión del kiosco, el consistorio inició gestiones para intentar revertir esta medida, argumentando que es improbable que el mar alcance la altura en la que se encuentra el kiosco, a casi 20 metros sobre el nivel del mar.
A escasos metros del kiosco se sitúa el Monumento al Emigrante Canario, una obra en bronce del escultor y poeta Fernando García Ramos, que representa una figura humana de dos metros de altura con una inscripción alusiva a la emigración. Este monumento no se verá afectado por la orden de demolición, ya que se encuentra fuera de la delimitación marítimo-terrestre.
El alcalde también recordó que hace unos años el Ayuntamiento recibió una orden de demolición para la estación de bombeo junto a la piscina municipal, que fue finalmente desestimada debido a su importancia como infraestructura básica y el alto coste que implicaría su reubicación.
En respuesta a las inquietudes de los vecinos sobre las infraestructuras de la zona, el alcalde aclaró que otras construcciones cercanas, como el restaurante de las Piscinas Naturales del Caletón, el Castillo de San Miguel, y las antiguas naves de empaquetado de plátanos, se encuentran en la zona de servidumbre de protección, fuera del dominio público marítimo-terrestre, lo cual les permite operar bajo normativas menos restrictivas. Además, el Castillo de San Miguel, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), goza de una protección especial bajo la Ley de Patrimonio Histórico Nacional, por lo que no enfrenta riesgo de demolición.
Dado que resulta difícil revertir la situación del kiosco, todo apunta a que finalmente tendrá que ser demolido, lo que impide su salida a licitación para una nueva concesión.
