El próximo sábado se cumplirá un mes desde el cierre de Playa Jardín, la principal área de baño de Puerto de la Cruz, sin que haya una solución inmediata a la vista. Vecinos y empresarios, afectados por los vertidos contaminantes que han hecho el agua no apta para el baño, están cada vez más indignados y se han comenzado a movilizar. Se ha formado la plataforma Stop Vertidos al Mar para coordinar sus demandas. Los empresarios informan de pérdidas millonarias debido al cierre de la playa en plena temporada alta.
Conscientes del grave problema causado por los vertidos de aguas negras desde el barrio de Punta Brava, las principales administraciones se reunieron ayer para buscar soluciones. La reunión, celebrada en la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias, contó con representantes del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz.
Se acordó que la causa principal de los vertidos son las deficiencias históricas en la red de saneamiento de Punta Brava, un barrio que se desarrolló sin planificación y con muchas viviendas aún sin conexión a la red municipal, vertiendo sus aguas residuales al mar sin tratamiento. El alcalde de Puerto de la Cruz, Marco González, reconoció la necesidad de abordar estas deficiencias con decisión y recursos suficientes.
El pasado 12 de julio, el Gobierno de Canarias indicó que varios puntos de vertidos en Punta Brava, sin autorización ni vigilancia, pueden estar detrás del cierre de Playa Jardín, decretado el 3 de julio por la Dirección General de Salud Pública tras detectar una alta concentración de patógenos en el agua.
Ángel Montañés, director general de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático de Canarias, afirmó que los aliviaderos de aguas residuales, responsabilidad directa del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, solo deberían funcionar en episodios de fuertes lluvias, pero no se tiene información sobre su frecuencia o nivel de carga contaminante.
Mientras se determina la causa exacta de la contaminación en Playa Jardín, las administraciones han decidido emprender cuatro acciones: reparar una fisura en el emisario de la zona, ampliar y modernizar la depuradora de Punta Brava, reforzar los análisis de control de esta parte de la costa y instalar una desaladora para reutilizar las aguas de la depuradora en riego agrícola.
Durante la cumbre, se subrayó que la rotura del emisario no es la causa del cierre de Playa Jardín. Representantes del Cabildo de Tenerife, como la consejera de Medio Ambiente, Blanca Pérez, y el gerente del Consejo Insular de Aguas, Javier Davara, destacaron que esta rotura no ha empeorado la calidad del agua.
El Consejo Insular de Aguas de Tenerife firmó el contrato de urgencia para reparar la fisura del emisario y el departamento de Costas del Gobierno regional se comprometió a agilizar las autorizaciones para la rehabilitación integral del emisario y la modernización de la depuradora de Punta Brava, con proyectos y financiamiento ya disponibles.
Además, se han dado directrices a Salud Pública para aumentar los análisis en Playa Jardín y se iniciarán trabajos submarinos para analizar el litoral del barrio, con el fin de confirmar el origen de la contaminación.
Las hipótesis apuntan a los problemas históricos en Punta Brava, que no han sido resueltos por el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Aunque se han realizado algunas mejoras, como la reparación de la red perimetral del barrio y proyectos de bifurcación de redes de saneamiento, muchas viviendas siguen sin conexión a la red municipal y vierten aguas residuales al mar. Si no se conectan, será difícil evitar nuevos vertidos y la situación seguirá afectando negativamente a la economía y la imagen turística de Puerto de la Cruz, Tenerife y Canarias.
