El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, de Coalición Canaria, instruyó la suspensión de una causa penal dirigida contra su colega de partido, el senador Pedro San Ginés, apenas cuatro días después de asumir el cargo en junio de 2023.
El presidente tomó esta medida en un momento crítico, cuando el abogado encargado de la estrategia legal debía presentar varios escritos cuyos plazos estaban próximos a expirar, sin recibir respuesta alguna del mandatario.
Pedro San Ginés, quien había sido presidente del Cabildo entre 2009 y 2019, enfrentaba acciones penales por su presunta implicación en la malversación de dos millones de euros pertenecientes a la empresa pública Insular de Aguas de Lanzarote, S.A. (Inalsa), y al Consorcio del Agua de Lanzarote. Estas acciones judiciales fueron iniciadas por el nuevo gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) tras su salida del cargo.
La investigación reveló que San Ginés habría permitido la apropiación indebida de fondos por parte de Ignacio Calatayud, un abogado cercano, quien se habría beneficiado ilegalmente de costas judiciales y habría representado a entidades públicas sin autorización.
En un giro sorprendente, la Audiencia Provincial de Las Palmas ordenó la acumulación de las investigaciones contra San Ginés con otro caso previamente archivado, desencadenando protestas legales por parte de las entidades afectadas.
La decisión de Betancort de detener las acciones legales contra San Ginés se tomó de manera apresurada y sin la autoridad legal necesaria, ya que aún no tenía el poder para actuar en nombre de las entidades públicas involucradas. Además, excedió su autoridad al ordenar la suspensión de acciones judiciales que competían a otros órganos de gobierno.
En resumen, la intervención de Betancort para detener las acciones legales contra San Ginés carecía de respaldo legal y se llevó a cabo sin la debida autoridad, provocando controversia en el ámbito político y judicial.
