El Tribunal Supremo rechaza indemnización a los dueños de Stratvs por el precinto de la bodega en 2013
El Tribunal Supremo ha desestimado la solicitud de indemnización presentada por los promotores de Stratvs debido al cierre judicial de la bodega en diciembre de 2013. El empresario Juan Francisco Rosa, propietario de las instalaciones en el Espacio Natural Protegido de La Geria, en Yaiza (Lanzarote), buscaba que el alto tribunal considerara como «error judicial» la decisión de clausura adoptada por el antiguo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 de Arrecife, basada en indicios de presuntos delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente.
El cierre cautelar de la bodega se mantuvo hasta junio de 2017, cuando la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas levantó la medida a través de un auto de cuatro páginas, respaldando informes periciales presentados por la defensa de Rosa. La resolución fue redactada por Salvador Alba, quien posteriormente fue condenado por otros delitos.
En diciembre de 2020, la misma Audiencia Provincial absolvió a todos los acusados en el caso Stratvs, incluyendo a Juan Francisco Rosa, a quien la Fiscalía pedía una pena de quince años de prisión y una multa considerable por lo que se consideraba el peor atentado medioambiental en Lanzarote desde que la isla fue declarada Reserva de la Biosfera.
El Tribunal Supremo ratificó esta absolución en marzo de 2023, aunque señaló que, de haber podido revisar los hechos, las conclusiones podrían haber sido diferentes a las de la Audiencia. A pesar de ello, en abril de 2023, la promotora de Stratvs presentó una demanda de declaración de error judicial ante el Supremo, argumentando que el cierre de 2013 fue un «error flagrante».
Sin embargo, el Supremo rechazó los argumentos de la empresa en un auto emitido el 9 de abril de 2023, respaldando la decisión inicial de cerrar la bodega. El tribunal consideró que en el momento del cierre existían indicios fundados de delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente, aunque estos no se acreditaron posteriormente en el juicio.
El auto del Supremo destacó que la decisión se basó en informes periciales del Seprona de la Guardia Civil, el Patrimonio Histórico del Cabildo de Lanzarote, el Ayuntamiento de Yaiza y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, que revelaron importantes irregularidades en las instalaciones de Stratvs.
Esta decisión del Tribunal Supremo es firme y además impone a los demandantes el pago de las costas procesales.
