Los nuevos interinos en la Administración deberán pasar un periodo de prueba de tres meses y superar una evaluación de rendimiento, según el decreto ley aprobado esta semana por el Consejo de Gobierno. Este endurecimiento de requisitos busca atajar el incremento de personal interino y mejorar la eficiencia del empleo público. Aquellos que no superen la evaluación podrán ser cesados.
El decreto también enfatiza la formación obligatoria para los nuevos funcionarios, tanto temporales como fijos, con el objetivo de optimizar la gestión y reducir la burocracia. Además, se establece un límite de tres años consecutivos para los interinos en el mismo puesto, promoviendo alternativas como la comisión de servicios y la promoción interna temporal para cubrir vacantes hasta que se oferten oficialmente.
El Gobierno ha reconocido las deficiencias en la Administración, que incluyen una temporalidad descontrolada y una inaceptable lentitud en la reposición de efectivos. Para contrarrestar esto, el decreto ley introduce varias medidas:
- Incremento de Plazas: Se podrá añadir hasta un 20% más de plazas en las convocatorias de empleo público para evitar la contratación de interinos.
- Inscripción Telemática: La inscripción y comunicaciones en las ofertas de empleo público serán exclusivamente telemáticas, salvo para los grupos inferiores que podrán recibir asesoramiento.
- Convocatorias Unificadas: Se establecerá un sistema similar a las oposiciones unificadas para dotar de policías locales a municipios con menos de 5,000 habitantes, mediante convenios entre el Ejecutivo y la Federación Canaria de Municipios.
- Proceso Selectivo Rápido: Los procesos selectivos se completarán en tres años, utilizando un ejercicio único para acelerar la valoración de contenidos en ciertos grupos y escalas.
- Formación Inicial: Será obligatorio un curso sobre la organización y funcionamiento de la administración, derechos y obligaciones, y herramientas informáticas corporativas para nuevos interinos y personal fijo.
- Promoción Interna: Se potenciará la promoción interna, asignando hasta el 40% de las plazas para el cuerpo de administrativos y un 30% para otras categorías. El cupo de discapacidad se incrementa del 7% al 10%.
El decreto ley también crea nuevas especialidades para los funcionarios, como igualdad de género, antropología y jurídica, que se implementarán en los próximos procesos selectivos.
Estas medidas buscan dotar de mayor eficiencia a la gestión pública y evitar la temporalidad excesiva en la Administración.
