El Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST) ha denunciado la situación crítica del sistema de justicia en la comarca, exigiendo “voluntad política y compromiso institucional” para implementar soluciones efectivas ante la falta de recursos humanos y materiales. Según el CEST, las infraestructuras actuales son “obsoletas” y no satisfacen las necesidades de los partidos judiciales de Granadilla de Abona y Arona, especialmente considerando la importancia y la magnitud económica de los asuntos civiles y mercantiles, así como las largas esperas en la ejecución de sentencias.
El CEST informó que en junio, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Arona exhibió un cartel en su puerta señalando que había alcanzado el límite de 1.200 casos recomendado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para una atención eficiente. Sin embargo, el mismo CGPJ, el 28 de junio, rechazó una solicitud de refuerzo transversal para los juzgados de instrucción números 1, 2, 3, 4 y 5 de Arona, denegando tanto la autorización económica como la ampliación de recursos humanos.
Javier Cabrera, presidente del CEST, expresó su preocupación por la falta de evolución en los servicios de la administración de justicia, tanto estatal como autonómica, para asegurar eficiencia y acceso universal a la justicia en una zona con alta litigiosidad y una población creciente. “La población de Adeje ha crecido un 72% en los últimos 24 años, mientras que San Miguel de Abona lo ha hecho un 67.6% y Arona un 54% en lo que va de siglo”, mencionó Cabrera, subrayando que el juzgado de Arona es “probablemente uno de los más complejos de Canarias” pero carece de los recursos necesarios para manejar esta complejidad.
El CEST también destacó que el partido judicial de Granadilla presenta “algunas de las peores condiciones de trabajo y gestión en todo el país”. De acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, los cuatro juzgados están en situación “oficial” de colapso y “no cuentan con las mínimas condiciones para llevar a cabo un trabajo efectivo”. Un informe del TSJC reveló que uno de los juzgados tenía, por ejemplo, 6,000 escritos sin tramitar. “La falta de voluntad política y de compromiso institucional respecto a las necesidades de justicia en el sur de Tenerife obstaculiza la implementación de soluciones”, concluyó Cabrera.
