El Gobierno central planea restringir el descuento en el transporte público a grupos específicos, como personas con discapacidad, mayores, jóvenes y estudiantes, utilizando los fondos del próximo año. Esto podría significar el fin de la gratuidad para todos los residentes a partir de enero.
La gratuidad del transporte público canario depende de la firma de un decreto ley que facilite el pago de los costes por parte del Gobierno central. El Gobierno de Canarias aguarda la aprobación de los presupuestos estatales, ya sea que se prorrogue o no, para definir la futura subvención. No obstante, se anticipa que a principios del próximo año algunos usuarios podrían tener que volver a pagar. María Fernández, directora general de Transportes, comentó en el ‘V Foro de Movilidad de Canarias’ que el Gobierno de España ha indicado que, aunque la gratuidad fue necesaria durante la crisis inflacionaria, es necesario enfocarse en ofrecerla a ciertos colectivos en la actualidad.
Existen dos posibles escenarios: si los Presupuestos Generales del Estado son aprobados, se tendría que negociar una nueva partida para el transporte. En caso de que el Gobierno central no obtenga la mayoría necesaria, se prorrogarán los 81 millones de euros previamente acordados, manteniendo la gratuidad, ya sea para grupos sociales específicos o de manera universal. Fernández subrayó la importancia de recibir apoyo para consolidar las conexiones de guagua, argumentando que sería beneficioso continuar con la bonificación para los residentes canarios, facilitando así el acceso al transporte.
La implementación de esta iniciativa ha resultado ser más costosa de lo anticipado, lo que ha llevado al Gobierno regional a solicitar al Ministerio de Transporte el abono de 140 millones de euros, cifra que refleja el costo real del servicio, cuya diferencia ha sido asumida por los cabildos.
