La Fiscalía ha solicitado la apertura de juicio oral contra Andrés Martín, exconcejal de Fiestas de Santa Cruz de Tenerife durante la Alcaldía de Patricia Hernández, acusándolo de un delito de prevaricación administrativa. Martín, actualmente concejal de la oposición en el Ayuntamiento de Santa Cruz, podría enfrentar 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público, así como para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.
El caso se centra en la adjudicación de 21 contratos menores para la organización del Carnaval de 2020, que según la Fiscalía, fueron realizados de manera deliberada para evitar el fracaso de la celebración. La acusación, remitida al Juzgado Número 3 de Santa Cruz de Tenerife, señala que Martín «extrajo» del expediente de licitación del servicio de montaje y desmontaje de estructuras todas las prestaciones relacionadas con el Carnaval, como la instalación de escenarios, y las adjudicó mediante contratos menores.
La Fiscalía sostiene que, en lugar de seguir los procedimientos legales establecidos, Martín «fraccionó y repartió de forma minuciosa las distintas prestaciones», buscando aparentar que se cumplían los requisitos de la legislación para contratos menores y evitar así los límites de cuantía establecidos. Además, se le acusa de adjudicar varios contratos en días inhábiles y de solicitar presupuestos a empresas relacionadas, incumpliendo las normativas que exigen rechazar estas prácticas.
El escrito de acusación también señala que, para algunos contratos, Martín simuló una competencia entre empresas que no era real, ya que solicitó presupuestos a compañías vinculadas entre sí. Asimismo, la Fiscalía afirma que se adjudicaron servicios, como la instalación del techo de escenarios en la avenida de Anaga y la plaza de la Candelaria, sin documentación de contratación ni control administrativo alguno, lo que constituye una infracción a la prohibición de la contratación verbal.
Las irregularidades, que según la acusación se llevaron a cabo durante el mandato del PSOE y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Santa Cruz, han sido calificadas por la Fiscalía como constitutivas de un delito de prevaricación administrativa. El caso se inició tras la denuncia de un empresario, lo que motivó que el nuevo gobierno municipal, encabezado por José Manuel Bermúdez tras un pacto con el PP, encargara un informe reservado que fue posteriormente remitido a la Fiscalía, dando lugar a la investigación y al escrito de acusación.
Las adjudicaciones, por un valor total de 227.132 euros, superaron en 15 veces el límite permitido para contratos menores, según el Ministerio Público. En base a estos hechos, la Fiscalía solicita que se imponga a Andrés Martín la pena de 12 años de inhabilitación especial, lo que le impediría desempeñar cualquier cargo público en ese periodo. La petición de juicio oral marca un nuevo capítulo en este controvertido caso, que pone en el punto de mira la gestión de las contrataciones para uno de los eventos más relevantes de Santa Cruz de Tenerife.
