Un empleado de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) ha denunciado al juez irregularidades en el manejo del departamento de Dominio Público durante el mandato anterior, con Luis Ibarra al frente del ente portuario. El testigo alega que la jefa del servicio, Elena Marín, quien debería abstenerse de los proyectos en los que participaba su esposo como ingeniero, de hecho, intervenía en su tramitación y daba directrices sobre las decisiones a tomar.
Según la declaración del testigo, Marín se abstuvo formalmente en al menos tres expedientes, pero luego se involucró activamente en ellos. La denuncia fue solicitada por los letrados de Luis Ibarra, expresidente de la APLP, Francisco Trujillo, actual director del organismo, y Carmen Gloria Rodríguez, jefa de Recursos Humanos. Marín ha acusado a estos tres funcionarios de varios delitos tras ser trasladada de departamento en mayo del año pasado, afirmando que se trató de una «sanción encubierta» por negarse a alterar un informe en favor de la empresa Terminales Canarios. Los acusados han desmentido estas afirmaciones en sus declaraciones judiciales.
En cuanto a la polémica eólica, la defensa busca demostrar que el relato de la querella no es exacto, particularmente en relación con el supuesto cambio forzoso de puesto. Marín sostiene que no se abstiene por conflicto de intereses, y que la causa de su traslado es una acción de Ibarra para perjudicarla. El testigo, sin embargo, contradice esta versión.
El trabajador comenzó en Dominio Público en 2019 y no conocía la relación personal de su jefa con los proyectos de su esposo. Supo de las causas de abstención tras un incidente con el director del Puerto, Francisco Trujillo, relacionado con la tramitación del proyecto presentado por IRM Canary Base SL. Este proyecto, con una inversión de 24 millones de euros, buscaba desarrollar una plataforma de reparación de buques y servicios en energías renovables en el muelle Juan Sebastián Elcano.
La Autoridad Portuaria inició un procedimiento de competencia de proyectos debido a que la solicitud excedía los 2.500 metros cuadrados, al que también se presentó Aplicaciones y Proyectos Nueva York SL. La controversia surgió cuando Marín intentó excluir a Aplicaciones y Proyectos Nueva York SL por falta de «solvencia técnica», dejando en el proceso solo a IRM Canary Base, cuyo proyecto fue redactado por la empresa del marido de Marín.
El conflicto llegó a Francisco Trujillo y al departamento jurídico, que tuvo que emitir un informe para resolver la disputa. Se concedió una ampliación de plazo para que Aplicaciones y Proyectos Nueva York SL subsanara deficiencias, aunque se excluyó parte de su documentación por considerarse improcedente según la Ley del Procedimiento Administrativo Común.
Finalmente, el Consejo de Administración del Puerto rechazó ambas propuestas y optó por convocar un nuevo concurso público para el desarrollo del negocio eólico en la Luz, que quedó desierto. Este concurso, así como el procedimiento de competencia, están actualmente recurridos y pendientes de resolución en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
En el ámbito penal, el magistrado Luis Galván investiga si Ibarra y su equipo actuaron con animadversión hacia Marín. Según el testigo, no hubo trato perjudicial, y el traslado de Marín al Consejo de Administración fue el resultado de consultas previas a Puertos del Estado sobre cómo manejar la posible incompatibilidad. La acusación ha minimizado la gravedad del asunto, argumentando que, aunque el Puerto maneja más de 300 concesiones anuales, solo tres casos están en cuestión y uno de ellos involucra directamente a Marín. Otras fuentes mencionan que la pareja de Marín presentó hasta 11 proyectos en los últimos años.
