La Fiscalía ha asumido la denuncia presentada por Carmen Luisa Castro (PP) y posteriormente respaldada por el actual alcalde de Güímar, Gustavo Pérez, referente a un contrato público de 2,7 millones de euros que supuestamente fue falsificado. La denuncia apunta directamente al exalcalde y actual concejal de Urbanismo del PSOE en Güímar, Airam Puerta. Tras realizar investigaciones preliminares sobre las presuntas irregularidades en el contrato, el Ministerio Público presentó una denuncia el 26 de octubre para solicitar la apertura de una causa judicial por presunto delito de falsedad en documento público y usurpación de funciones públicas.
Según la Fiscalía, existen indicios de que el decreto que respaldaba el contrato fue elaborado ilegalmente el 28 de diciembre de 2021, llegando incluso a inventar un precepto inexistente en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) para dar apariencia de legalidad a la adjudicación de la obra. Además, se sostiene que una persona no identificada se hizo pasar por la secretaria municipal de Güímar para acceder a información sobre este y otros contratos públicos.
La denuncia también destaca informes del informático del Ayuntamiento y de la técnica de administración general que concluyen que el mencionado decreto es falso. La investigación se centra en la supuesta falsificación del decreto que justificó la adjudicación directa de la obra a la empresa Wawa Canarias SL por «necesidades de emergencia». La Fiscalía solicita dividir la causa en dos partes y llevar a cabo una serie de diligencias para esclarecer la presunta falsificación del decreto y del contrato investigados.
El Ministerio Público busca la colaboración del grupo de delitos informáticos de la Guardia Civil para examinar la autenticidad del decreto de diciembre de 2021, del contrato de diciembre de 2021 y su relación con el decreto de junio de 2021. También se solicita la declaración como testigos de varios cargos municipales, incluyendo al alcalde Gustavo Pérez, y se espera la realización de análisis técnico-periciales para determinar la comparecencia de personas como Airam Puerta y otros involucrados. La denuncia se enfoca en la presunta falsificación del contrato que generó una adjudicación de 2,7 millones de euros a la empresa mencionada.
