El inicio de la construcción del tren de Gran Canaria podría adelantarse antes de 2027, marcando un hito tras dos décadas de debates sobre este proyecto, según afirmó hoy el consejero regional de Obras Públicas y Movilidad, Pablo Rodríguez. En una presentación junto a las directoras generales de Transportes e Infraestructuras Viarias, María Fernández y Rosana Melián, Rodríguez delineó la hoja de ruta sostenible hasta 2040, enfocada en la descarbonización del archipiélago.
«Hemos hablado durante mucho tiempo de los trenes, pero finalmente estamos cerca de verlos materializarse. Ahora estamos fragmentando el proyecto en fases viables, con tramos que pueden ser afrontados con presupuestos de 300 a 400 millones, en lugar de los 4.000 millones que se mencionaban antes», destacó Rodríguez.
En el caso de Gran Canaria, se contempla la posibilidad de financiamiento mediante fondos europeos, además de una nueva dinámica de colaboración con el Gobierno de España para integrar la red ferroviaria canaria a la estatal, asegurando así una financiación estable.
Los primeros tramos proyectados están definidos, como el tramo entre Vecindario y el aeropuerto en Gran Canaria, y entre San Isidro y Las Américas en Tenerife. La licitación de las obras en Gran Canaria dependerá en gran medida del éxito en la solicitud de subvenciones europeas.
María Fernández subrayó la importancia histórica de reconocer los trenes de Gran Canaria y Tenerife en la inversión estatal, destacando la colaboración con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para asegurar una financiación estable a través de un contrato programa o convenio.
La Consejería de Obras Públicas tiene previsto definir en los próximos meses una herramienta para la financiación estable de los trenes canarios, esperando que esta sea contemplada en los próximos presupuestos generales y en la Ley de Movilidad Sostenible que está por aprobarse en el Congreso de los Diputados.
Esta nueva legislación, según Fernández, será crucial para incluir los modos de transporte guiado como parte integral de las estrategias de movilidad sostenible en Canarias, reconociendo así la movilidad como un derecho social y un elemento unificador para el desarrollo sostenible del archipiélago.
