El Gobierno canario aprobó un presupuesto de 1,3 millones de euros para la adquisición de mascarillas y batas sanitarias a una empresa recién creada, Central de Sanitary Traders Spain SL, que aún no existía en abril de 2020, durante el estado de alarma por la pandemia de COVID-19.
Este contrato, identificado como número 100/2020 y emitido el 20 de abril de 2020, fue concedido a una empresa que se constituyó en Las Palmas de Gran Canaria al día siguiente. La compañía recibió el encargo por un total de 1.34 millones de euros, destinado a suministrar 133,300 mascarillas quirúrgicas, 133,300 mascarillas FFP2 y 133,300 batas impermeables y antibacterianas.
Los documentos oficiales publicados corroboran esta situación, destacando «errores aritméticos» en el presupuesto inicial y un retraso significativo en la entrega de 90,400 batas. La empresa atribuyó el retraso a problemas logísticos y de producción, aunque el Servicio Canario de Salud (SCS) aceptó estas explicaciones debido a la necesidad continua de suministros para combatir la pandemia.
Este caso se suma a otros episodios similares en Canarias, donde la adquisición de material sanitario ha estado bajo escrutinio público, incluyendo investigaciones por parte de la Fiscalía Anticorrupción y señalamientos de presunto fraude en compras relacionadas con la pandemia.
