La Estación de San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria, fue el punto de partida este jueves de una huelga general convocada por los trabajadores del transporte discrecional de viajeros. Unos 9.000 conductores fueron llamados a secundar este paro organizado por Comisiones Obreras (CCOO), afectando a unas 6.000 guaguas que prestan servicios esenciales en el transporte escolar, turístico y público urbano e interurbano.
La protesta, motivada por la demanda de reducir la edad de jubilación, coincide con el Black Friday y amenaza con complicar la movilidad en el inicio de la temporada navideña. Los paros están previstos desde las 00:00 horas del jueves hasta las 23:59 del viernes, con nuevas jornadas de huelga programadas para el 5, 9 y 23 de diciembre, si no se alcanza un acuerdo.
Los servicios mínimos anunciados por las empresas de transporte se mantienen desde el inicio del conflicto. Las rutas interurbanas operarán entre el 40% y el 80%, mientras que las urbanas lo harán entre el 50% y el 75%. Tanto Guaguas Municipales como la empresa Global funcionarán «como en un día festivo». En cuanto al transporte escolar público, la Consejería de Educación ha decretado servicios mínimos del 100%, mientras que en el transporte turístico hacia puertos y aeropuertos se reducirá la actividad al 40%.
Antecedentes y situación actual
La convocatoria de huelga, inicialmente planeada para octubre, se pospuso debido a la DANA en Valencia, lo que permitió a algunos sindicatos, como UGT y el Sindicato Libre del Transporte (SLT), alcanzar acuerdos con las patronales y desmarcarse de la protesta. Sin embargo, CCOO sigue adelante con la movilización, mientras la negociación con la Federación de Empresas de Transportes de Canarias (FET) permanece en pausa.
El secretario general de la FET, José Ángel Hernández, destacó que la falta de respaldo unánime de los sindicatos podría mermar el impacto de la huelga, aunque reconoció que la situación genera incertidumbre en el sector.
El transporte regular en Canarias se ve parcialmente afectado, mientras los servicios turísticos y escolares se han ajustado para minimizar el impacto en los usuarios. No obstante, el conflicto sigue sin una solución a la vista, prolongando la tensión entre trabajadores y empresas.
