El propietario de la empresa Transportes Castero S.L., con sede en el Puerto de Las Palmas, se enfrenta a una pena de nueve años de prisión por su presunta implicación en una red de tráfico de drogas que operaba entre la Península y Canarias. La investigación, que se inició en septiembre de 2023, destapó que la compañía utilizaba su infraestructura logística para la distribución de sustancias estupefacientes.
En marzo de 2024, una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional permitió la detención de seis personas, entre ellas el propietario de la empresa, identificado como J.V.C.F., y su hija. Durante los registros, los agentes incautaron 750 kilogramos de hachís, 62 kilogramos de cocaína, un kilogramo de anfetaminas, más de 36.000 euros en efectivo y cinco vehículos, presuntamente utilizados para el transporte de la mercancía ilegal.
Según las autoridades, la empresa actuaba como tapadera para el envío de grandes cantidades de droga desde la Península hacia Canarias. Las sustancias eran ocultadas en los vehículos de transporte y en contenedores de mercancía, utilizando rutas comerciales regulares para evitar sospechas. La investigación reveló que la organización contaba con una red de colaboradores dentro y fuera del puerto, lo que facilitaba la distribución y comercialización de los estupefacientes.
El juez encargado del caso decretó prisión provisional sin fianza para J.V.C.F. y uno de sus empleados, mientras que los otros cuatro detenidos quedaron en libertad con cargos, acusados de delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. Las penas solicitadas por la Fiscalía varían según el grado de implicación de cada acusado, pero en el caso del dueño de la empresa, se estima que podría afrontar hasta nueve años de prisión si se confirman los cargos en el juicio.
Además, se ha dado a conocer que dos de los arrestados ya habían sido detenidos en 2018 por hechos similares y estaban pendientes de juicio en mayo de 2024. La Fiscalía ha solicitado que estos antecedentes sean considerados como agravantes en el proceso judicial actual.
El caso ha generado una gran repercusión en el sector del transporte y la logística en Canarias, ya que la empresa Transportes Castero S.L. tenía un papel destacado en el movimiento de mercancías entre las islas y la Península. Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si hay más implicados en la red y evitar que otras empresas sean utilizadas con fines ilícitos.
