Un nuevo enfrentamiento ha surgido en Lanzarote por la actualización de los mapas que identifican suelos potenciales para instalar proyectos de energías renovables, como parques eólicos y solares. Según estos planos, más de 3.000 hectáreas de territorio insular podrían acoger instalaciones de este tipo, generando inquietud entre residentes y defensores del paisaje tradicional de la isla.
La Consejería responsable del diseño de estos mapas asegura que su intención es facilitar que los promotores encuentren emplazamientos adecuados para impulsar la transición energética. Sin embargo, la magnitud de la superficie señalada ha generado rechazo social, especialmente por la posibilidad de que afecte zonas de valor paisajístico e identitario y por no haber sido consensuado con la máxima institución insular.
Como respuesta, el Cabildo de Lanzarote ha solicitado la suspensión del trámite de delimitación de las denominadas “Zonas de Aceleración de Renovables” (ZAR) hasta que se revisen criterios técnicos, de protección territorial y de participación ciudadana. Su presidente ha defendido que estas decisiones deben tomar en cuenta no solo los objetivos climáticos, sino también la preservación del entorno natural.
Mientras la planificación oficial calcula que cumplir con los objetivos de descarbonización para 2030 requeriría ocupar solo una fracción mínima del suelo total, la ampliación de esta “bolsa de territorio” ha encendido el debate, ya que algunas partes interesadas temen que pueda favorecer proyectos privados sin un control riguroso del impacto.
Representantes locales, incluidos alcaldes de municipios afectados, han expresado su oposición frontal a estas delimitaciones, alegando que la defensa del paisaje y el patrimonio deben prevalecer. Expertos también han instado a una pausa en el desarrollo de las ZAR hasta que exista una metodología clara y una evaluación más profunda de los efectos ambientales y sociales.
La polémica se extiende más allá de Lanzarote, ya que la ordenación de renovables es un tema de relevancia en todo el Archipiélago, donde planeamientos similares han generado debates sobre el equilibrio entre sostenibilidad energética y conservación del territorio.
