El Gobierno de España responde al de Canarias sobre la concesión del Oliva Beach, afirmando que es competencia estatal, no autonómica.
En respuesta al requerimiento del Gobierno canario, el Ejecutivo español reafirma que las concesiones «compensatorias» sobre dominio público marítimo-terrestre, como la del hotel RIU Oliva Beach, son competencia estatal, no autonómica. La Moncloa sostiene la «literalidad» del Real Decreto que transfirió algunas competencias en costas a la Comunidad Autónoma, el cual no incluye dichas concesiones.
El Gobierno regional, por su parte, argumenta que el Estatuto de Autonomía otorga competencia exclusiva en la ordenación del litoral, incluyendo la gestión de títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, sin distinción entre concesiones. Señala que la normativa solo diferencia entre concesiones «ordinarias o comunes» y «compensatorias», consideradas excepcionales.
El Real Decreto 713/2022, en el centro del debate, menciona la gestión de las concesiones según el artículo 64 de la Ley de Costas, pero no hace referencia a las concesiones «compensatorias». La postura del Gobierno nacional es mantener la «literalidad» del documento.
El conflicto entre ambos gobiernos se intensificó tras una reunión de la Comisión Bilateral, donde el consejero canario de Obras Públicas lamentó la falta de acuerdo político. El Gobierno canario asegura contar con informes favorables de sus Servicios Jurídicos y otros expertos en la materia.
La polémica también involucra al hotel RIU Oliva Beach, galardonado por el Gobierno canario, pero su demolición ordenada por el Ministerio de Transición Ecológica es vista como un «atropello» por el presidente de las Islas.
