El Gobierno y el Parlamento de Canarias están dando inicio esta semana al proceso para cambiar por ley la tutela y custodia de los menores migrantes, con el objetivo de implementar un reparto obligatorio entre todas las comunidades autónomas, independientemente del lugar por el que ingresen al país. En la agenda del Consejo de Gobierno de Canarias de hoy se incluye una comunicación que será remitida al Parlamento regional, solicitando su respaldo para esta modificación legislativa. La propuesta es que el Ejecutivo central apruebe por decreto ley un cambio en el Código Civil para establecer criterios objetivos en el reparto de los menores.
Actualmente, la Comunidad Autónoma de Canarias tutela a más de 5.500 niños y adolescentes que llegaron a las costas de las Islas sin la compañía de adultos, alojados en 72 instalaciones, muchas de las cuales fueron habilitadas rápidamente debido al aumento constante de llegadas en los últimos meses. Ante esta situación, el Gobierno de Canarias ha tenido que solicitar permiso a la Fiscalía para alojar provisionalmente a 140 menores en el centro de acogida de migrantes adultos de Las Raíces, en La Laguna.
En octubre pasado, Canarias obtuvo el apoyo de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas para distribuir a 347 menores entre el resto de los territorios. Sin embargo, cuatro meses después, ninguno de esos menores ha sido acogido en otras comunidades, a falta de la firma de acuerdos bilaterales, garantías de financiación y otros trámites. Solo cuatro comunidades han mostrado disposición a recibir a estos menores, según el Gobierno de Canarias: Madrid, Galicia, Cantabria y Aragón.
Ante la falta de solidaridad voluntaria por parte de las comunidades autónomas, se plantea la necesidad de cambiar la legislación para establecer una solidaridad obligatoria, es decir, un reparto basado en parámetros objetivos como la población. Además, se propone que sea la Administración General del Estado la que asuma el coste de la atención de estos menores, que actualmente representa unos diez millones de euros mensuales en Canarias. Esto requeriría modificaciones legislativas que están siendo examinadas por los servicios jurídicos autonómicos.
