El archipiélago canario se situó en 2023 como una de las comunidades autónomas con menor inversión por habitante en materia de dependencia, con solo 138,2 euros, muy por debajo de la media nacional de 240,5 euros. Además, ocupa el penúltimo lugar en la inversión por persona potencialmente dependiente, con 1.238 euros, según un informe publicado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.
El gasto total en dependencia en Canarias el año pasado fue de 305,9 millones de euros, de los cuales el 28,5% (87,1 millones) fue financiado por el Estado, y el 71,5% restante (218,7 millones) por la comunidad autónoma, acercándose a la media nacional en este aspecto.
Por su parte, comunidades como Castilla y León, Galicia y Aragón se beneficiaron del aumento presupuestario destinado a la dependencia en el marco del Plan de Choque (2020-2023), aprobado por el Gobierno tras la pandemia. A nivel estatal, la inversión en dependencia durante ese periodo aumentó un 138% por parte del Gobierno central, frente a un incremento del 9% por parte de las autonomías.
Sin embargo, algunas comunidades autónomas, como Castilla y León (-34,7%), Galicia (-6,4%) y Aragón (-3,2%), redujeron su gasto en atención a personas dependientes durante este tiempo. Galicia, en particular, fue señalada por la asociación como la comunidad con menor porcentaje de personas atendidas en relación con su población dependiente (16%), frente a la media nacional del 23%.
En términos globales, la inversión pública en atención a la dependencia en 2023 ascendió a 11.522 millones de euros, de los cuales el 71% fue aportado por las autonomías (8.230 millones) y el 29% por el Gobierno central (3.292 millones). Se observan grandes desigualdades territoriales, siendo el País Vasco (2.848 euros), Extremadura (2.599 euros) y Navarra (2.413 euros) las regiones que más invierten por persona dependiente.
En contraste, comunidades como Galicia (1.073 euros) y Canarias (1.248 euros) se encuentran muy por debajo de la media. El informe también denuncia que el aumento en la financiación estatal no se ha traducido en mejoras en algunas comunidades, ya que estas han reducido su propia aportación, lo que ha limitado el impacto del Plan de Choque.
Finalmente, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales denunció que la demora en la gestión de las prestaciones sigue afectando a miles de personas. «Cada 15 minutos fallece una persona esperando recibir prestaciones», subrayan, y recuerdan que más de 292.000 personas están en lista de espera, muchas de las cuales fallecieron antes de recibir ayuda en 2023.
