El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha comenzado actuaciones de oficio con las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para obtener datos sobre los retrasos en la valoración de personas con discapacidad. Esta medida se produce tras un notable aumento en las quejas ciudadanas, que se han triplicado en los últimos cinco años debido a demoras de tres años o más en algunas regiones, incluida Canarias.
En su solicitud, el Defensor del Pueblo ha requerido información sobre el número de expedientes de reconocimiento o revisión que aún están pendientes de resolución, tanto antes como después de la entrada en vigor del nuevo marco regulatorio, el Real Decreto 888/2022, que establece un plazo máximo de seis meses para resolver estas solicitudes.
Gabilondo también ha pedido detalles sobre los recursos materiales y humanos disponibles para llevar a cabo esta labor, así como sobre las medidas de choque que se han implementado o se prevén adoptar. Asimismo, solicitó información sobre los plazos actuales para la valoración y la resolución de expedientes, así como las medidas de coordinación establecidas en cada consejería o departamento con los servicios encargados de gestionar las pensiones no contributivas por invalidez.
Estas nuevas actuaciones se suman a la iniciativa abierta con el Principado de Asturias a finales de 2023, según recordó el Defensor del Pueblo.
