El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha reconocido a una trabajadora social del Ayuntamiento de Arona el derecho a recibir el plus de peligrosidad por el desempeño de su labor, al considerar que existe un riesgo evidente de agresiones, tanto verbales como físicas, en sus visitas a personas vulnerables y en la atención directa en un centro público.
Este complemento se concederá con efecto retroactivo, desde febrero de 2021 hasta agosto de 2022, y asciende a 2.000 euros, una cifra menor a la que había establecido inicialmente el Juzgado (4.000 €), pero que el TSJC ha considerado más adecuada según las circunstancias del caso.
La profesional atiende habitualmente en un centro cívico donde no se dispone de vigilancia policial ni sistemas de seguridad como botones de pánico, y realiza visitas domiciliarias a personas en situación de vulnerabilidad —entre ellas personas sin hogar, con discapacidad psíquica o con adicciones—, lo que incrementa el riesgo personal que asume. En varias ocasiones ha tenido que solicitar acompañamiento policial para garantizar su protección.
